En Bogotá, Colombia, el centro de atención médica Fundación Santa Fe emitió este lunes un nuevo reporte del estado de salud del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado contra su vida el sábado. En el comunicado emitido en la madrugada de Colombia, el centro médico confirmó que el senador “continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”.

La Fundación Santa Fe agregó que “su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”. El documento, firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director médico de la fundación, indicó que, bajo autorización de la familia, “continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que conduzcan a su evolución”.

El sábado pasado, durante un evento político en el occidente de la capital colombiana, el político recibió tres impactos de bala; dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Fue trasladado a dicho recinto, ubicado en el norte de la ciudad, donde fue atendido de urgencia durante varias horas, y el centro médico informó que él estaba siendo atendido de manera prioritaria y estaba en “procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico”.

A continuación, las claves para comprender lo sucedido.

Lo que baraja la Fiscalía sobre el autor material del crimen

Tras el atentado, el gobierno nacional ordenó el despliegue de 100 investigadores de la Policía Nacional y de organismos de inteligencia, con apoyo de la Fiscalía, para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Estos han llevado a cabo una investigación que ya ha desplegado cuatro líneas principales: análisis balístico, revisión de cámaras de seguridad, videos tomados por asistentes al evento y entrevistas a testigos.

Con ello, las autoridades pudieron reconstruir el momento del ataque y ordenar todos los análisis a viviendas de familia. Así encontraron que un adolescente de 14 años, quien fue señalado como el autor material del atentado contra el precandidato presidencial, habría ingresado al evento político por la parte trasera del parque El Golfito, se mezcló con la multitud y disparó cuando se generó un altercado.

El menor utilizó una pistola Glock 9 mm de origen austriaco, un arma poco común en el crimen organizado colombiano, lo que ha encendido las alertas sobre su origen posible y los nexos logísticos detrás del atentado. Las autoridades intentan establecer cómo llegó esta arma a manos del menor.

Hasta este lunes el joven implicado se encontraba recuperándose de dos heridas de bala bajo estricta custodia policial y militar en la Clínica Colombia. Su testimonio es considerado clave para esclarecer quiénes están detrás del ataque, uno de los más graves cometidos contra un político colombiano en décadas.

Un dato preocupante es que el celular del adolescente, que podría contener información vital sobre contactos y rutas, aún no ha sido hallado. Mientras tanto, su tío –un conductor de aplicaciones que lo acompaña en la clínica– ya fue interrogado. Se sabe también que el menor vivía con una tía en Engativá, su madre falleció joven y su padre vive en el extranjero.

La principal hipótesis es que la orden se habría dado desde una organización criminal. Según consignó el diario colombiano El Tiempo, la Policía dispuso de 180 funcionarios, de todas las dependencias, y buscan establecer a qué tipo de crimen organizado pertenecerían los autores materiales. Barajan entre las opciones alguna banda local e incluso no descartan que pueda tratarse de una organización armada ilegal.

Lo que se sabe del autor intelectual

El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, acompañado de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó este lunes detalles de la investigación. En la declaración, el oficial señaló que un equipo de expertos le hizo un examen de uniprocedencia al arma tipo Glock 9 milímetros y descubrió que es de origen estadounidense, y que fue adquirida en la ciudad de Arizona.

El diario El Tiempo consignó que al arma se le realizó un estudio balístico y rastreo determinado y se encontró que no está registrada en el Departamento de Control y Comercio de Armas, Munición y Explosivos de Colombia. Tras la verificación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, el arma fue comprada el 6 de agosto del 2020 por Charles Joe Anderson, natural de Mesa, Arizona, al distribuidor Aji Port, con sede en esa misma ciudad.

Ese dato es clave para acelerar la investigación y conocer cómo esta arma entró a Colombia y a quién fue entregada. Lo anterior supone que el atentado habría sido planificado por el crimen organizado urbano, aunque no se descartan vínculos con mafias tradicionales o estructuras guerrilleras.

Además, las autoridades analizan por qué se eligió este tipo de armamento, en un contexto donde la trazabilidad de armas es un factor determinante para establecer nexos logísticos. El mayor número de armas que son incautadas en Colombia tiene su origen en el extranjero. Del total de armas incautadas en 2024, al menos 3.954 fueron fabricadas en los Estados Unidos, 1.616 son de fabricación colombiana, 805 de Italia y 414 de Alemania.

La postura de las autoridades

Pocas horas después del atentado, líderes y partidos rechazaron de forma unánime que la violencia haya regresado al centro de la política colombiana. El gobierno, por su parte, atribuyó el atentado a una posible acción de la mafia. El presidente Gustavo Petro aseguró en una cadena nacional que “la mafia” estaría detrás, aunque no se ha precisado si se trata de un cartel, una banda local o una organización armada ilegal.

Sobre el menor implicado, aseguró este lunes en X: “El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: “Jóvenes en paz”. Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente".

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, visitó la clínica donde permanece hospitalizado el senador Uribe Turbay y conversó con su familia y miembros del Centro Democrático. “Ratificamos el compromiso absoluto de garantizar la vida del senador y de su familia. Se desplegó toda la capacidad militar y policial, incluidas unidades élite, para su protección”, indicó.

Sánchez también se desplazó al centro asistencial donde se encuentra internado el menor de 15 años que habría perpetrado el ataque. En compañía de la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que se están tomando todas las medidas para garantizar los derechos del adolescente mientras se esclarecen los hechos. “El soporte de Colombia es la democracia y la Fuerza Pública es su garante”, enfatizó.

Y añadió que todos los actores políticos, sin distinción, cuentan con las garantías necesarias para ejercer su labor en un ambiente seguro. No obstante, el exviceministro de Defensa colombiano Gustavo Niño Furniele denunció que Uribe Turbay había solicitado en nueve ocasiones este año el refuerzo de su esquema de seguridad, sin obtener respuesta. El gobierno reforzará medidas de seguridad de 30 precandidatos presidenciales en todo el país.

Y en un hecho poco usual, todos los partidos suscribieron un comunicado único en el que lo condenaron, nombrándolo como un atentado contra la democracia, y asegurando que se deben asegurar nuevas garantías. Además, el Centro Democrático, partido al que pertenece el senador, realizó una reunión de toda su bancada del Congreso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo líder de la colectividad, del que salió un pronunciamiento en el que cuestionaron las pocas medidas de seguridad para la oposición.

Bogotá en alerta máxima

Bogotá y Tuluá -otra ciudad en el suroccidente de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca- han estado bajo máxima tensión esta última semana debido a la posible fuga de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien es líder de una banda criminal llamada La Inmaculada.

Según informes de inteligencia, se habría ofrecido un soborno de 800 millones de pesos a funcionarios de la cárcel La Picota para evitar su inminente extradición a Estados Unidos. El pasado 5 de junio Pipe Tuluá fue trasladado en helicóptero a la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá, bajo un impresionante operativo de seguridad. El movimiento buscaba reforzar su custodia ante los temores de fuga o rescate por parte de su organización.

En medio de esta situación, La Inmaculada difundió panfletos en los que rechazaban las decisiones del Inpec y amenazaban con tomar “medidas y acciones” contra quienes calificaron como “enemigos de la paz”, dejando entrever posibles represalias violentas.

Pero la tensión se incrementó aun más con un tiroteo registrado en el barrio Mazurén, al norte de Bogotá. Las primeras versiones indican que se trató de un intento de robo, pero el hecho se sumó a un clima de creciente inseguridad y alarma en la capital.