Fue en 2021 que, en medio de candidaturas presidenciales, se conocieron una serie de denuncias de carácter sexual en contra del entonces alcalde de Cerrillos Arturo Aguirre. La entonces autoridad, quien perdió la reelección a causa de estas acusaciones, dejó el Partido Socialista del que era militante una vez surgido el escándalo. Por esos días una “camarada”, la entonces candidata presidencial Paula Narváez, asestó un duro golpe al edil tras apoyar a las denunciantes.

La ahora embajadora de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se refirió en esa oportunidad a las denuncias en contra de Aguirre, dadas a conocer por un reportaje de Ciper, y aseguró: “En esta situación siempre hay que estar del lado de la víctima, siempre hay que creerle a la víctima, siempre hay que poner atención a lo que están planteando, y me parece que las instituciones deben actuar desde una perspectiva de género para investigar y juzgar”.

La arremetida

A cuatro años de aquello, Aguirre, quien fue sobreseído de las denuncias de acoso y abuso sexual, ingresó una demanda en contra de la excandidata presidencial del PS, acusando que sus palabras generaron un perjuicio en su contra. Por lo mismo, pide una indemnización que asciende a $1.176.000.000.

Aguirre apunta en su demanda, a la que tuvo acceso La Tercera, que Narváez “hizo una serie de declaraciones infundadas, basadas en su convicción de que yo había cometido ciertos ilícitos. Estas afirmaciones fueron ampliamente difundidas (...) lo que resultó en su intervención directa para promover mi expulsión del Partido Socialista y obstaculizar mi postulación a la reelección como alcalde de Cerrillos, causando daños irreparables en múltiples aspectos de mi vida”.

El rol de Narváez

Un total de 38 páginas tiene el escrito que presentó Aguirre ante el 7° Juzgado Civil de Santiago. En ese documento, el exmilitante socialista apunta a que Narváez “dio por cierta una denuncia” sin “siquiera tomarse el tiempo para evaluar la veracidad de los hechos ni considerar mi larga trayectoria social y política”.

A lo largo de su acción civil, el también exembajador de Chile en Canadá expone toda su carrera política y personal, así como también las obras que realizó como alcalde. Además de eso, Aguirre expone lo que a su juicio fueron unas denuncias iniciadas por temas políticos y -señala- dirigidas por el jefe de Obras del municipio, Sergio Castillo, quien posteriormente fue condenado por injurias y calumnias por este caso.

En ese sentido, el exalcalde de Cerrillos afirma que las denuncias en su contra, en cuyo caso fue finalmente sobreseído en agosto del año pasado, generaron daño psicológico, social, profesional y han derivado, además, en que se han mermado sus ingresos, toda vez que no ha podido encontrar trabajo a raíz de la exposición que tuvo el caso.

Por lo mismo, apunta a que la postura de Narváez “me desconcertó profundamente”, dado que al ser “activista de los derechos humanos, suponía que sería alguien comprometida con la presunción de inocencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas”. “Su declaración no solo me afectó personalmente, sino que socavó mi credibilidad de manera irreversible”, agrega en su escrito Aguirre.

En esa línea, el exalcalde afirma que “las palabras de Narváez, dada su plataforma mediática, tenían un peso y una influencia enormes en la opinión pública, y fue mediante sus declaraciones que se cimentó una imagen distorsionada de mi persona, algo que, a mi juicio, debería haber sido tratado con mayor cautela y respeto”.

Por último, sostiene que “la falta de claridad y las declaraciones categóricas basadas en suposiciones sin fundamento solo sirvieron para ampliar el daño a mi reputación, dañando a mi familia, mis amigos cercanos y a mí mismo de una forma irreversible”.

“Mientras que la precandidata Narváez, con la imagen de ser una defensora de los derechos humanos y una figura pública influyente, continuaba con su carrera política, yo me sumía en un abismo de desesperación y dolor”, concluye el renunciado militante del PS.

Una millonaria indemnización

En particular, a juicio de Aguirre, con todo lo sucedido y el rol de Narváez, sufrió de “daño emergente”, al afectar su reelección, lo que habría generado que no reciba ingresos por $246 millones. Además de no percibir otros $280 millones por “lucro cesante” al no contar con un trabajo, así como también daño moral por el caso, por lo que pide otros $650 millones.

Por lo mismo, el exalcalde de Cerrillos pide que se condene a la embajadora de Chile ante la ONU a indemnizarlo en la suma de $1.176.000.000.

Pese a que reconoce que “si bien Narváez no fue directamente responsable de la conspiración política que se tejió en mi contra, su intervención mediática contribuyó de manera significativa a la destrucción de mi imagen pública. Las acusaciones infundadas y la propagación de rumores no solo afectaron mi vida personal, sino que también alteraron el curso de mi carrera y mi futuro político”.

El escrito del exalcalde concluye con la afirmación de que “la señora Narváez, que enarbola banderas y emite discursos en Naciones Unidas, nada ha dicho. Es decir, la noticia del sobreseimiento, que fue sentida intensamente en mi corazón y en el de mi familia, no resonó ni le importó a nadie más, pues a nadie le interesa la inocencia al fin revelada de una persona que fue en el pasado erróneamente considerada culpable”.